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    NOTICIAS

Los delitos de menores aumentan un 36%

09.09.2010

La Fiscalía ve «realmente alarmante» que el uso de armas «constituya una norma general» 
    

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elcorreo.com/LUIS LÓPEZ

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Hace ya meses que esa sensación de inseguridad de la que se quejan bastantes vitorianos, poco habituados a la tensión delictiva, es refrendada por las estadísticas. Crecen las denuncias y Álava, por primera vez, es el territorio vasco con la tasa criminal más alta: según los últimos datos de la Ertzaintza, 27 delitos por cada mil habitantes a lo largo de 2010.

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Ahora, la Memoria de la Fiscalía correspondiente al último año incorpora un añadido de preocupación. Durante 2009 los delitos cometidos por menores de edad en territorio alavés se dispararon un 36% con respecto al ejercicio anterior. En números gordos, pasaron de 149 a 203. Y hay un extra de inquietud porque, dice textualmente el documento elaborado por el fiscal jefe, Josu Izaguirre, «la utilización de armas o instrumentos peligrosos constituye una norma general, elemento realmente alarmante si tenemos en cuenta que esta problemática no era apreciable anteriormente».

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Como era previsible, los delitos cometidos por adolescentes se enmarcan mayoritariamente en el apartado 'contra el orden económico y social'. El robo con intimidación tiene un especial protagonismo: 36 casos se dieron en el periodo analizado, frente a los 26 del anterior. Sin embargo, el que más crece es el robo con fuerza en las cosas, donde no media amenaza a la víctima pero sí hay destrozos -un caso paradigmático es reventar coches-. Pues bien, aquí se pasó de los 14 casos a los 41.

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Mención aparte merecen los delitos de lesiones perpetrados por los antes conocidos como delincuentes juveniles. 29 condenas se produjeron en 2009, frente a las 14 que se fallaron doce meses antes. Y es en este apartado, junto al de los robos con fuerza, donde adquiere un especial protagonismo el uso de armas. Por lo general se trata de navajas, instrumentos cuya preocupante proliferación ya había sido advertida hace meses por los cuerpos policiales y por la propia fiscala de menores, Carmen Cotelo. El entorno es el nocturno, cuando el consumo de drogas, legales e ilegales, aumenta la agresividad de ciertos jóvenes.

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Pegan a los padres

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De esta violencia no se libran en casa. Durante 2009 se incoaron 26 expedientes contra menores por violencia de género o familiar. «Esta Fiscalía presta especial atención a estas figuras delictivas y fundamentalmente a las denuncias presentadas por padres contra sus hijos menores», dice el documento. En este sentido, se aprecia la tendencia creciente de que los progenitores acuden a los cauces legales cuando la situación se les ha ido de las manos. «Los fiscales dedicados a esta materia hemos desarrollado una tarea orientadora para esos padres desbordados ante los problemas convivenciales que se les plantean», recalca el informe.

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También es cierto que, a menudo, los padres acuden directamente al fiscal para denunciar hechos que no son constitutivos de delito y las denuncias son sobreseídas en la fase de diligencias preliminares porque no se sostienen. «Que un hijo no estudie, no cumpla los horarios, no ordene su cuarto o no se comunique con sus padres no son hasta el momento infracciones penales», reprocha. El asunto cambia cuando aparece la agresión física. Y en bastantes de estos casos, los padres no son del todo inocentes porque «hemos observado que parte de la violencia que estos menores desarrollan surge como consecuencia directa de la utilización de la violencia por parte de los progenitores, en un enfrentamiento directo hacia ellos». Es frecuente además que cuando se toman medidas serias contra el chaval, como una orden de alejamiento, los padres se ablanden y se retracten de sus acusaciones.

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Lo siguiente es saber con qué pena han sido castigados los menores condenados por cometer delitos durante 2009. Sólo uno, explica el fiscal jefe, fue condenado a un internamiento en régimen cerrado. Otros catorce tuvieron que cumplir un régimen semiabierto, y uno más en régimen terapéutico. En el resto de los supuestos las penas se repartieron a partes iguales entre la libertad vigilada y la prestación de servicios en favor de la comunidad.

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Picaresca de los agraviados

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Sin embargo, sigue habiendo graves problemas en la asunción de estas últimas medidas. Un año más, el fiscal lamenta la falta de alternativas para dar salida a estas sentencias debido a la falta de convenios de las administraciones con instituciones que permitan ocupar a condenados en servicios públicos. A menudo es necesario esperar meses para hacer efectiva la sentencia y no son pocos los supuestos en los que no llega a conseguirse.

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Por último, llaman la atención ciertos casos de picaresca entre las víctimas de los menores a la hora de ser resarcidos por la responsabilidad civil: la Fiscalía detectó casos en los que, durante la resolución extrajudicial del conflicto, los perjudicados recibían el dinero del menor infractor tras haber cobrado el seguro.